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News – Noticias «Las reglas del juego se endurecen para el millonario negocio de los ‘influencers'». Sus contenidos van desde los videojuegos a la moda, pasando por la cocina, la vida saludable o los viajes. Todo lo que tocan lo convierten en oro . Y su legión de seguidores hace que las marcas no duden en contratarlos para promocionar productos. En la era de las redes sociales, el negocio de los ‘influencers’ se ha extendido como una mancha de aceite hasta el punto de que durante 2021 fue el segundo canal que más creció a nivel nacional en lo que se refiere a inversión publicitaria (23,9%), hasta alcanzar los 93,7 millones de euros, de acuerdo a Infoadex. Estos prescriptores han actuado durante muchos años bajo unas reglas de juego difusas por la falta de una regulación específica que se adecuase a sus peculiaridades, pero la repercusión que han adquirido ha llevado a los distintos países europeos, entre ellos España, a aprobar nuevas medidas y actualizar algunas de las leyes existentes para incluir su actividad. La última novedad ha sido la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual , en vigor desde el 9 de julio de 2022, que introduce un conjunto de obligaciones a los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas. Uno de los cambios es la necesidad de se inscriban en un registro estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital , tal como se recoge en el artículo 39, que entrará en vigor con la aprobación de un reglamento que establecerá la organización y funcionamiento de dicho registro. El departamento que dirige Nadia Calviño, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, abrió un plazo de consulta pública que finalizó esta misma semana, el viernes 20 de enero. «Si lo hacen rápido, el reglamento podría salir en seis o siete meses porque tendría que pasar todo el trámite parlamentario», explica Natalia Martos , CEO y fundadora de Legal Army, proveedor alternativo de servicios jurídicos especializado en tecnología y negocios digitales. Noticia Relacionada moda estandar No María G. de Jaime o cómo triunfar como ‘influencer’ con tan solo 26 años María I. Ortiz Madre, empresaria, diseñadora e ‘instagramer’ la joven madrileña se ha labrado un futuro de éxito con sus fotos y vídeos en redes sociales Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones detallan que el pasado 23 de diciembre sacaron en audiencia pública el borrador de texto articulado del Real Decreto que regulará este registro estatal. «El siguiente paso es avanzar en la tramitación administrativa de cara a su aprobación; en este proceso se solicitará, entre otros, informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se prevé que este Real Decreto esté aprobado a lo largo de 2023», indican. El objetivo es lograr que «cumplan con las obligaciones en materia de publicidad (especialmente por lo que se refiere a las obligaciones de identificabilidad de dicha publicidad para dar información fiable al usuario del servicio) y se proteja a los menores de contenidos perjudiciales para su desarrollo», inciden. Los expertos consultados celebran que se den pasos para poner orden en este sector que ha quemado etapas a la velocidad de la luz. En nuestro país, el 85% de los internautas de 12 a 70 años utiliza las redes sociales y el 53% sigue a ‘influencers’, según el Estudio de Redes Sociales 2022 de IAB Spain. «El registro me parece necesario para acudir a él en caso de que haya cualquier problema, sobre todo relacionado con la protección a la infancia», valora Martos. Por su parte, Sergio de Juan-Creix , profesor de derecho publicitario en la UOC y abogado del despacho Croma Legal, duda de que la puesta en marcha del registro cambie la forma en la que trabajan los ‘influencers’, aunque cree que «la obligatoriedad de inscribirse les hará tomar conciencia de la relevancia de su profesión». Las agencias que operan en esta industria viven en la incertidumbre. Álvaro Blanco , director de Native Talents, consultora de influencer marketing, asegura que «todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, hay desinformación». No cree que la puesta en marcha del registro sea una tarea fácil: «Quien se ocupe de hacerlo tiene por delante un trabajo bastante arduo y complicado». El sentir es que la regulación de una actividad en constante transformación abre numeroso retos. Carol Murtra , CEO de Leaders, agencia de influencer marketing que pone en contacto a las marcas con los creadores de contenido, advierte de que el sector evoluciona más rápido que las capacidades de la Administración para legislar y que, además, se trata de un entorno difícilmente acotable. «Es muy complicado legislar en ámbitos sociales porque son muy líquidos y las audiencias están dispersas en geografías con legislaciones diferentes. Hay muchas áreas grises, es complicado recoger el 100% de los casos, pero al menos se ha dado un paso adelante», considera esta experta. A nivel operativo, cree que el registro no se traducirá en cambios significativos, sino que viene a ser «un toque de atención para los profesionales de la industria». El gran canal de ‘discovery’ La profesionalización del ‘influencer marketing’ ha evolucionado en paralelo a un cambio en la percepción por parte de los usuarios de la actividad de los ‘influencers’ y el Covid ha sido un punto de inflexión. Así lo cree Carol Murtra, CEO de Leaders. «Los usuarios antes pensaban ‘todo publicidad, no me creo nada’, mientras que a raíz de la pandemia, como ve plataformas de ‘streaming’ (sin anuncios) y escucha Spotify, su capacidad de descubrir cosas ha bajado, aceptando que los ‘influencers’ son el canal principal de ‘discovery’. Así, acogen más positivamente sus contenidos y aceptan que son pagados o patrocinados», ahonda la experta. Por otro lado, la proliferación de perfiles potentes hace que uno de los retos actuales sea la lucha contra el ‘unfollow’. «Si antes se permitían el lujo de promocionar una marca que no tuviera mucho que ver con su línea editorial, ahora son más selectivos. Por motivos como este, sus seguidores valoran las colaboraciones que hace porque son realmente relevantes», dice. El tirón de estos perfiles es lo que está propiciando el arsenal legislativo. Según los datos que maneja Murtra, España es el segundo país después de Italia con más ‘influencers’ per cápita : «El 1,8% de la población tiene más de 2.000 seguidores en Instagram». Más allá de darse de alta en el registro, la norma exige a estas figuras que atiendan en sus contenidos a principios como la dignidad humana o la igualdad de género , que ofrezcan una imagen libre de estereotipos de las personas con discapacidad, que tomen medidas para proteger a los menores o que promuevan la alfabetización mediática. De Juan-Creix aplaude que la modificación someta a estos nuevos líderes de opinión al régimen de obligaciones y responsabilidades de los agentes tradicionales del medio como las cadenas de televisión. La gran incógnita son los criterios exactos para ser usuario de especial relevancia. El artículo 94 fija una serie de condiciones, como que el servicio prestado conlleve una actividad económica por la que su titular obtenga unos ingresos significativos , que sea el responsable editorial de los contenidos audiovisuales, que el servicio prestado se destine a una parte significativa del público y pueda tener un claro impacto sobre él o que el servicio se ofrezca a través de redes de comunicaciones electrónicas y esté establecido en España de conformidad a diversos supuestos. Sin embargo, hasta que no se apruebe un reglamento que concrete los requisitos, las obligaciones aparejadas a esta condición –como la inscripción en el registro– no entrarán en vigor. Para Natalia Martos, de Legal Army, las obligaciones del ‘influencer’ son, por ahora, muy básicas. «Está bien que en la ley quede así, pero espero que en el reglamento se baje mucho más el detalle», apostilla. A día de hoy, todavía no ha llegado, por lo que impera la prudencia. Las sanciones a los ‘influencers’ que incumplan dependerá de varios factores, explica Sergio de Juan-Creix: «Puede ser una sanción administrativa que, dependiendo de si es leve, grave o muy grave, lleva aparejadas multas: un simple apercibimiento , sanciones leves (de pocos importes) o sanciones más graves (se habla de medio millón). También puede haber una vulneración publicitaria que afecte a un tercero, supuesto en el que hablamos de un conflicto privado que puede derivar en un procedimiento judicial de reclamación de daños y perjuicios ». El experto añade que puede haber consecuencias penales en caso de delitos como la incitación al odio apoyándose en plataformas, con difusión y publicidad, lo cual es un agravante. Antes de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, nuestro país ya había impulsado medidas para poner coto al vacío legal existente. La transposición de una directiva europea, por ejemplo, modificó la Ley de Competencia Desleal e introdujo en el artículo 26, relativo a la publicidad encubierta, aquella que pueda ser realizada en redes sociales. La reforma entró en vigor el 28 de mayo de 2022 y la CNMC es la encargada de velar por su cumplimiento. «Las sanciones van en función de parámetros que dictamina este organismo, pero pueden llegar hasta el millón de euros », advierte Martos, de Legal Army, para quien el hecho de que el régimen sancionador quede a expensas de la CNMC conforme a sus criterios «genera un poco de inseguridad jurídica». «Sería interesante –agrega– que establecieran un régimen sancionador claro para esta nueva profesión». Antes se creó el Código de Conducta sobre el uso de ‘influencers’ en la publicidad, en vigor desde el 1 de enero de 2021, un marco deontológico acordado por la Asociación Española de Anunciantes y Autocontrol que establece directrices para cumplir con los principios generales de la publicidad. «Como el derecho va por detrás de la realidad, es una buena solución porque da recomendaciones sobre cómo dejar clara la naturaleza publicitaria de un contenido. La parte mala es que no es vinculante , depende de que las empresas adheridas (771 en noviembre de 2022) y los ‘influencers’ quieran o no cumplirlo», valora Natalia Martos. La puesta en marcha de estas iniciativas responde al aumento del impacto de estos agentes que pueden incurrir en malas prácticas. Un estudio realizado en 2019 por José Sixto-García y Amalia Álvarez Vázquez , investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, reveló que nueve de cada diez ‘influencers’ españoles de moda no identificaban que sus publicaciones albergaban contenido publicitario , conclusión a la que llegaron tras analizar 750 post subidos a Instagram por 25 perfiles relevantes del sector. En aquel momento, la normativa española no había incorporado a sus disposiciones legales este fenómeno como supuesto específico de forma publicitaria. Mucho (y a mejor) ha cambiado el escenario desde entonces, en parte por la mentalidad de los actores implicados. « Cada vez estamos más concienciados en actuar de forma correcta porque queremos que el sector se desarrolle y goce de buena fama», apunta Blanco, de Native Talents, que para el futuro reivindica una legislación más completa, no limitada al control publicitario o fiscal. Caso francés Nuestro país no es el único que pisa el acelerador en este asunto. El Ministerio de Economía francés lanzó una consulta pública, abierta hasta el 31 de enero, para recabar ideas con vistas a regular la actividad de estas celebridades. Entre sus propuestas, figura la creación de un estatuto de ‘influencer’, obligaciones en cuanto a formalización de contratos con sus anunciantes… «La iniciativa deriva de que muchos internautas se consideran víctimas de estafas perpetradas y apoyadas por ciertos ‘influencers’, lo que ha generado un fuerte revuelo mediático», explica Stéphane Vojetta , diputado de la Asamblea francesa por la circunscripción de España y miembro del partido del actual presidente galo, que ha presentado esta semana su proposición de ley. «Se examinará en el Parlamento la semana del 27 de marzo y, a partir de ahí, podríamos tener un procedimiento acelerado que evita que pase por el Senado, con lo cual podría entrar en vigor antes del verano», concreta. El objetivo es «asegurarnos de que las ovejas negras dejan de actuar y reproducirse, que se entienda que el mundo de los ‘influencers’ no es una selva, sino un empleo legítimo que se realiza para ponerse al servicio de unos anunciantes, pero sin caer en trampas». Adiós al ‘todo vale’ en las redes sociales. El paquete normativo vigente y el que se avecina dibujan un camino con más claros que oscuros en el lucrativo negocio de los ‘influencers’. «Nuestra generación es el ‘conejillo de Indias» Gema Vadillo (Madrid, 1998) se inició en el mundo de las redes sociales a través de YouTube sin más pretensión que compartir sus ‘hobbies’ y, como gran apasionada del arte, sus dibujos. «Empecé a subir vídeos y animaciones cuando iba al instituto, entre 2013-2014 y ni siquiera sabía que se podía ganar dinero con ello», rememora. Es por eso que publicaba el contenido que le apetecía hasta que «poco a poco vi que la gente comenzó a interesarse, así que todo lo demás vino después». La primera marca con la que trabajó más profesionalmente fue en 2017. Hoy se ha convertido en una creadora multiplataforma con presencia en todas las grandes redes, principalmente YouTube, Twitch e Instagram, donde en su cuenta @gemavadillo suma 281.000 seguidores. «Empecé a subir vídeos y animaciones cuando iba al instituto y ni siquiera sabía que se podía ganar dinero con ello» Gema Vadillo ‘Influencer’ Preguntada por la monetización de los contenidos, explica que cada que cada red social tiene su propio sistema: «En YouTube sería a través de los anuncios, y Twitch además de eso cuenta con las suscripciones, donaciones, etc. Pero sin duda la principal fuente son las colaboraciones pagadas con las marcas». En un momento en el que tanto España como países de nuestro entorno como Francia están adoptando medidas para que la actividad de los ‘influencers’ cuente con mayor regulación, Vadillo considera que todavía falta mucho por avanzar en este sentido . «Empieza a haber más consciencia, por ejemplo, en el tema de la publicidad encubierta, pero de momento no creo que sea algo del todo sólido. Supongo que nuestra generación es el ‘conejillo de Indias’ , y en el futuro habrá leyes y regulaciones más palpables», sostiene. A los que piensan que lo suyo no es una profesión, recuerda que «una gran parte de la publicidad se mueve en este mundo, y aunque crear contenido no sea un trabajo físico, sí tiene mucha carga por otros lados». «Los requerimientos para ‘influencers’ son confusos» Antes de que 4,6 millones de personas vieran sus vídeos en TikTok (@albert_laro), Albert Laro había ejercido de camarero, vendedor de zapatos o administrativo, lo que le hace valorar las ventajas de ser ‘influencer’, en su caso, en el ámbito del cine y las series. «Organizar tu jornada como quieras, acudir a eventos a los que soñabas ir, obtener remuneración por hacer lo que más te apasiona… La mayoría de gente piensa que un trabajo convencional es más duro que ser creador de contenido, y es normal. Yo no sabía lo que conllevaba hasta que me ha tocado», reconoce. «No te puedes pasar el día en el sofá, pero sigo sintiéndome como si me hubiera tocado la lotería», comenta Laro, que también atravesó una fase complicada en la que tuvo que hacer piruetas durante un año para compaginarlo con otro empleo. «Si te gusta, encuentras la forma de hacerlo», asegura. «No te puedes pasar el día en el sofá, pero sigo sintiéndome como si me hubiera tocado la lotería» Albert Laro ‘Influencer’ A día de hoy vive de las redes sociales, aunque al principio tenía la falsa creencia de que para conseguirlo había que llegar al nivel de personalidades como Auron o TheGrefg. «Es más alcanzable de lo que parece. Como en el fútbol, hay jugadores de primera, de segunda… Unos ganan mucho más que otros, pero todos viven de ello, que me parece lo más importante», comienza por explicar. El joven crea contenido para TikTok, YouTube Shorts e Instagram. «Obtengo remuneración directa por los dos primeros, el típico pago por reproducciones. Después están las marcas interesadas en que promocione su producto o servicio , ya sea en un vídeo de TikTok, Reels o Story de Instagram. Dado que el formato de contenido de corta duración aún no cuenta con la misma remuneración que el largo (YouTube, Twitch), las colaboraciones con marcas son una mayor fuente de ingresos», dice. MÁS INFORMACIÓN noticia No Quién es Rey Enigma, el influencer del ajedrez que se codea con los más grandes noticia No Una ‘influencer’ de belleza se queja porque tiene que trabajar hasta las 17.00: «Pruébalo un día» Sobre la situación regulatoria de este pujante sector, considera que «hay muchos elementos legales que deberían definirse mejor». Y prosigue: « Existe un limbo muy confuso para los que quieren dedicarse a esto , requerimientos muy ambiguos y en algunos casos de una exigencia muy alta. Creo que a la hora de hablar de ‘influencers’, se suele tener en cuenta a las altas esferas, Ibai y compañía. Es un error, ya que la gran mayoría de creadores está muy por debajo de esos números. Se debería considerar más ese rango a la hora de regularizarlo».. «Pablo Hernández de Cos: «Empresas y trabajadores deben asumir su parte en la pérdida de renta»». Recién cumplidos los 52 (Madrid, 20/01/71), Pablo Hernández de Cos recibe a ABC en su despacho, en un ambiente en el que se respira cierto aire de modernidad en una institución fundada por el rey Carlos III. Al frente de la autoridad monetaria desde mayo de 2018, Hernández de Cos es hoy, mucho más que el gobernador del Banco de España. Doctor en Economía , licenciado en Derecho y curtido en el Banco Central Europeo durante una decena de años, se ha consolidado como una de las voces más respetadas y con mayor predicamento del convulso panorama nacional. Y todo gracias a su discurso sosegado , en forma; pero firme y sólido, en contenido. Y todo sin levantar la voz. Así, hace un amplio y convincente repaso del momento económico actual, dentro y fuera de nuestras fronteras. -Hace unos meses el mundo estaba rodeado de incertidumbre y malas cifras económicas, incluso se hablaba de una más que probable recesión. Ahora incluso parece que el riesgo de una más que probable recesión se aleja. ¿Hay motivos para el optimismo? -En los últimos meses se han mitigado parcialmente algunos de los shocks de oferta que han afectado negativamente a nuestras economías: los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales se han aliviado de manera apreciable y los precios del gas y petróleo se han moderado significativamente desde el verano. Todo ello en un contexto de comportamiento favorable del mercado de trabajo, con un invierno con temperaturas suaves que ha facilitado la acumulación de stocks de gas, en el que algunas familias han podido hacer uso del ahorro acumulado durante la pandemia, y se ha mantenido el apoyo de las políticas económicas. El resultado es que la economía ha mostrado una mayor resiliencia. Pero hay que seguir siendo cauteloso. Las perspectivas siguen mostrando una desaceleración significativa del crecimiento en 2023 respecto al año pasado y la incertidumbre sigue siendo extraordinaria. -De hecho, España sigue siendo el último país de la UE en recuperar el PIB pre-Covid. ¿Qué se ha hecho mal? -Los últimos tres años han sido un período muy complejo tanto en Europa como en el resto del mundo. La naturaleza de las perturbaciones ha sido similar en todas partes (pandemia, crisis energética, cuellos de botella en la producción y el comercio), pero sus efectos han sido muy heterogéneos por países. Algunos de esos factores han afectado comparativamente más a España, otros lo han hecho menos. Pero, probablemente, en nuestro país hayan prevalecido los efectos negativos particularmente acusados de la pandemia, sobre todo debido a nuestra especialización productiva en los sectores más afectados por ella. En particular, en los servicios turísticos, que ahora se están recuperando con vigor. -Quizás la mejor noticia estos dos últimos años ha estado en el mercado laboral. Sin embargo, ya da serios signos de freno en la creación de empleo. ¿Debemos preocuparnos? -La realidad es que el mercado de trabajo en España y en otros países desarrollados está mostrando una resiliencia elevada, sin perjuicio de que quepa esperar una desaceleración en línea con la actividad económica. De hecho, la tasa de paro en el área del euro se encuentra en mínimos históricos. En el caso español, la generalización de los ERTE durante la pandemia o la moderación salarial son factores que parecen haber jugado un papel importante en esta buena evolución, lo que debe ser tenido en cuenta de cara al futuro. No hay que olvidar que, en nuestro país, la reducción del paro sigue siendo, a pesar de la favorable evolución reciente, un reto de primer orden. -El mercado laboral se ha comportado mejor durante esta etapa pero con la polémica de los contratos fijos-discontinuos… -La reforma laboral eliminaba algunos tipos de contratación y facilitaba otros, como los fijos-discontinuos. Por lo tanto, era esperable que estos aumentaran su peso, en paralelo a la reducción de la temporalidad que se perseguía y que, de hecho, se ha producido. Lo importante ahora es analizar si estos cambios han aumentado o no los incentivos a la formación y acumulación de experiencia de los trabajadores y, en último término, la productividad y los salarios, o el impacto sobre el empleo. Este análisis requiere tiempo y, para ello, es crucial la disponibilidad de datos. -¿Hay falta de transparencia en esos datos para saber cuántos de ellos están inactivos en cada periodo?   -He subrayado muchas veces que resulta fundamental que todas las instituciones públicas que producimos datos los pongamos, con la mayor calidad posible y con el suficiente grado de detalle, a disposición de los analistas y la comunidad académica para su uso. Es la única manera de avanzar en el diseño de políticas públicas basadas en evidencias, algo esencial para mejorar su eficacia, su eficiencia y la rendición de cuentas. «Las perspectivas siguen mostrando una fuerte desaceleración del crecimiento en 2023 respecto al año pasado y la incertidumbre sigue siendo extraordinaria» -Hablemos de inflación, ¿qué hacer para poder volver al objetivo del 2%? -La responsabilidad de lograr la estabilidad de precios en el área del euro nos corresponde al Consejo de Gobierno del BCE. Eso explica las decisiones de política monetaria que hemos ido adoptando y ahora hay que mantener el rumbo. Pero es también importante que la política fiscal acompañe, enfocándose en los más vulnerables, evitando un impulso fiscal generalizado que genere una presión adicional sobre la inflación. Y con medidas que no introduzcan distorsiones significativas sobre las señales proporcionadas por los precios, que incentiven la adaptación de la economía al ‘shock’ energético, y sean temporales, para no generar un incremento adicional de la deuda pública y el déficit público estructural. Pero, más allá de las políticas de demanda, compensar los efectos de la perturbación de oferta que estamos sufriendo exige políticas que incrementen las tasas de crecimiento de la productividad, del empleo y del PIB potencial de la economía. Y son fundamentales políticas comunes europeas que refuercen el mercado único, con mecanismos de financiación conjunta. También creo que es necesario alcanzar un pacto de rentas que permita el reparto entre márgenes empresariales y salarios de la inevitable pérdida de renta que implica el encarecimiento de las materias primas importadas, para evitar una espiral inflacionista. -Con la inflación a la baja, aunque todavía alta, ¿sigue teniendo sentido ese pacto de rentas? -Las proyecciones muestran una inflación que seguirá desacelerándose pero que se mantendrá por encima del objetivo del 2%. En ese contexto, creo que sigue siendo fundamental que, en el marco del diálogo social, se llegue a un acuerdo sobre el reparto de costes entre empresas y trabajadores, de forma que todos asuman una parte de la pérdida de renta real, con compromisos plurianuales explícitos respecto a los incrementos salariales y la evolución de los márgenes. Un acuerdo que debe ser de carácter general pero que debería permitir diferenciar según los distintos sectores y agentes afectados, así como evitar fórmulas de indexación automática a la inflación pasada, y reforzarse evitando también el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en el gasto público. -¿Y aplicarlo a pensionistas y funcionarios? -A los funcionarios ya se les ha aplicado un incremento salarial por debajo de la inflación. En el caso de los pensionistas, creo que, coyunturalmente, con el objetivo de reforzar ese compromiso con la estabilidad se les podría haber incorporado al reparto de la pérdida de renta nacional inevitable derivada del incremento de los precios de la energía importada. Con la excepción, obviamente, de los más vulnerables. Esta respuesta coyuntural resultaría independiente de la decisión estructural que ha adoptado el Parlamento respecto a la decisión de volver a indiciar las pensiones con la inflación. -¿Cómo afectará al sistema ligar las pensiones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad? -Lo importante es explicar que las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años generarán una presión sobre el gasto público, en pensiones en particular. Se estima que la decisión de revalorizar las pensiones en función de la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 implican un aumento del gasto en pensiones como porcentaje del PIB de entre 3,2 pp y 3,5 pp de PIB entre 2019 y 2050. Por eso es necesario adoptar medidas compensatorias. El incremento de las cotizaciones sociales asociado al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y los nuevos incentivos al aumento de la edad de jubilación, entre otras medidas ya aprobadas, tienen precisamente ese objetivo. Pero nuestro análisis sugiere que las medidas ya aprobadas no son suficientes. Por eso resulta crucial que la segunda fase de la reforma, actualmente en discusión, sirva para terminar de cubrir el desfase todavía existente y garantizar así la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo. «Si los fondos europeos se acompañan de las reformas estructurales adecuadas pueden generar un aumento importante de la tasa de crecimiento» -Sobre esa segunda parte de la reforma, con el destope de bases máximas de cotización y la ampliación del cómputo de años cotizados, el Gobierno dice que tendrá impacto neutro en las nuevas pensiones. El Banco de España ha avisado de lo contrario… -El aumento del número de años que sirve de base para el cálculo de la pensión aumentaría la contributividad del sistema, es decir, la relación entre lo que se aporta y se recibe. En cuanto a sus efectos, un documento reciente realizado por nuestros economistas analiza el impacto potencial de un incremento de 25 a 35 años. Y muestra que esa extensión produciría una reducción de la pensión inicial media. Pero si se simultaneara la ampliación a 35 años con el descarte de los años más desfavorables, se suavizaría esa caída y reduciría la heterogeneidad de las pensiones entre individuos. Por ejemplo, tomar los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación arrojaría una pensión media similar a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación y se produciría, en promedio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones más bajas. Evidentemente, combinaciones distintas del período de cálculo de la base reguladora y el descarte de los años de cotización más desfavorables, como parece estar manejando el Gobierno, arrojarían impactos diferentes. -¿Qué impacto tendrá en el sistema la subida de la bases máximas? -La clave es la relación entre base máxima y pensión máxima. Un incremento de bases máximas que se acompañe de un incremento equivalente de las pensiones máximas mantendría la contributividad del sistema, pero mejoraría escasamente su equilibrio financiero en el medio plazo. Para que se produzca una mejora de este equilibrio financiero se requiere que el incremento de la base máxima sea superior a la de la pensión máxima, lo que, evidentemente, genera una tasa de sustitución de las pensiones más baja para los colectivos afectados y menor contributividad del sistema. -¿A qué nos enfrentamos si no se atajan déficit y deuda públicos? -España cuenta con unas ratios de deuda y déficit público estructural sobre PIB elevadas. Esto constituye una considerable fuente de vulnerabilidad y supone unos menores márgenes de actuación fiscal ante posibles perturbaciones adversas. Se hace necesario, por tanto, un programa de consolidación fiscal de medio plazo que detalle cómo se van a reducir gradualmente estos desequilibrios. Y este proceso debe iniciarse ya en 2023. Es decir, tenemos que lograr que este año se produzca una reducción del déficit público estructural. Esto es particularmente relevante en el contexto actual de endurecimiento de la política monetaria. Sobre todo, teniendo en cuenta que un uso adecuado de los fondos Next Generation puede hacer compatible iniciar ya este proceso con mantener un impacto agregado positivo de la política fiscal sobre el crecimiento económico. -Siempre y cuando se usen bien los fondos europeos… -En efecto, si los fondos europeos sirven para financiar proyectos con una elevada complementariedad entre inversión pública y privada y, muy importante, si se acompañan de las reformas estructurales adecuadas, pueden generar un aumento significativo de la tasa de crecimiento potencial. Estas reformas y el uso de los fondos deben facilitar, en particular, la reasignación de recursos entre sectores y empresas que exige la adaptación a la perturbación energética. Sin olvidar que su éxito puede servir para reforzar la percepción en Europa sobre de la conveniencia y necesidad de continuar profundizando en el avance del proyecto común, por ejemplo, con la creación de un mecanismo de estabilización fiscal permanente, que necesita el área del euro. -En una etapa de prudencia como la actual, ¿qué hacer con los dividendos de la banca? -Es necesario que las entidades utilicen el incremento de los beneficios que se está produciendo en el corto plazo para aumentar, y no solo mantener, su capacidad de resistencia. Y esto exige en este momento políticas prudentes de reparto de dividendos y de provisiones.. «Pablo Hernández de Cos: «Es necesaria una revisión integral del sistema tributario y del gasto público»». El gobernador, firme partidario de la necesidad de diseñar un plan de consolidación fiscal que ha de ejecutarse ya para meter en cintura las finanzas públicas, augura que los tipos de interés van a seguir subiendo significativamente en las próximas reuniones. -La última reunión del BCE resolvió subir los tipos de interés medio punto más. ¿Dónde está el techo para dejar de aumentarlos, o una horquilla? -Los tipos de interés subirán hasta situarse en niveles que nos permitan asegurar que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2% en el medio plazo. ¿Cuál es este nivel? La incertidumbre actual es tan elevada que realmente no es posible dar una orientación precisa. Pero, con la información que tenemos en este momento, para lograr ese objetivo, creemos que será necesario seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones y que, una vez alcanzado, tendremos que mantener ese nivel ‘terminal’ durante un tiempo. El mensaje más importante es que todavía no hemos llegado al final. -¿Hay amenaza de impagos en la banca? -Es evidente que la subida de los tipos de interés está aumentando los costes de financiación de los hogares y las empresas, y junto a la desaceleración de sus ingresos y la caída de sus rentas reales por la inflación, se está reduciendo su capacidad de pago. Ahora bien, la magnitud del impacto dependerá de la profundidad de la desaceleración económica, de la persistencia de la inflación y de cuánto sea necesario endurecer la política monetaria, entre otros factores. Desde la perspectiva de la estabilidad financiera, el mensaje relevante es que las pruebas de resistencia que hacemos regularmente nos muestran que la solvencia agregada del sector bancario se mantendría en niveles adecuados incluso en escenarios adversos, si bien con heterogeneidad entre entidades. No olvidemos que esta capacidad de resistencia se debe en buena medida a la implementación de las reformas regulatorias a escala global y, en el caso español, a la reestructuración de la última década. -¿No sería lógico que la banca volviera a remunerar los depósitos? -Estamos observando que la remuneración de los depósitos apenas se ha incrementado y que la traslación de los incrementos de los tipos de mercado monetario a los costes de la deuda de hogares y empresas está siendo más lenta que en episodios de subidas previos. Lo primero estaría vinculado al hecho de que partíamos inicialmente de tipos negativos que, en gran medida, no se habían trasladado a los depósitos, así como a la amplia liquidez y elevadas ratios de depósitos sobre crédito del sistema bancario. Pero esperamos traslaciones progresivamente mayores tanto en los costes de los créditos como en depósitos. Mientras tanto, los ahorradores ya están utilizando instrumentos alternativos para mejorar la rentabilidad de sus ahorros. -De la política monetaria a la fiscal. Tenemos ahora tres nuevos impuestos. A las grandes fortunas, a la banca, y a las energéticas, ¿qué impacto tienen para España? -No disponemos aún de una evaluación de su impacto. En todo caso, lo que me gustaría subrayar sobre el sistema tributario es que creo que hay un amplio consenso sobre la necesidad de una revisión integral del mismo para mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia. Acompañada también de una revisión integral del gasto público. Estas revisiones son parte fundamental del proceso de consolidación fiscal al que antes me refería. La comparación con el resto de los países de nuestro entorno puede servir de guía. Y esta comparación muestra que España recauda en promedio menos que otros países. Cuando analizamos por qué recaudamos menos, no es tanto por tipos marginales inferiores sino por el efecto de las deducciones, bonificaciones, etc., que acaban provocando que los tipos medios efectivos sean más bajos. Y, en términos de composición, España recauda menos, fundamentalmente, en la imposición sobre el consumo y en la imposición medioambiental. Este diagnóstico puede ser un buen punto de partida para la reforma. Incorporando, por supuesto, los criterios redistributivos que se consideren adecuados. Y, por último, es muy importante tener en cuenta que, dado el alto grado de integración internacional de nuestra economía, la capacidad recaudatoria de algunas figuras tributarias se ve muy condicionada por el grado de coordinación fiscal a escala internacional. Por eso son tan importantes los acuerdos de tributación internacional alcanzados en la OCDE/G-20 y en la UE en el caso de la imposición societaria y de la tributación de actividades digitales. Es la única manera de evitar que la introducción de ciertos impuestos genere desventajas competitivas que acaben afectando negativamente al crecimiento y a la recaudación.. «Javier Garat (Cepesca): «En la Comisión Europea se están convirtiendo en auténticas máquinas de crear euroescépticos»». La conversación con Javier Garat (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1971), presidente de la patronal pesquera europea Europêche y secretario general de su homóloga española, Cepesca , transcurre en medio del esfuerzo del sector pesquero para que el Ejecutivo rectifique e incluya al pescado entre los productos a los que se les rebaja o elimina el IVA (actualmente está en el 10%). Esta semana han pedido al propio Pedro Sánchez una reunión. En la entrevista con ABC hacemos un repaso de temas candentes como la prohibición de la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico: -El Gobierno excluyó de la última rebaja del IVA a los pescados, ¿les han dado algún motivo? ¿Esperan algún cambio durante la tramitación parlamentaria del real decreto – ley? -Nos supuso una gran decepción que no se metiera al pescado entre los alimentos sin IVA o que tenían el IVA reducido y así se lo hicimos saber a través de una carta de todo el sector pesquero. No hemos tenido ninguna respuesta. Por ello, esta semana hemos mandado una carta al presidente del Gobierno pidiéndole una reunión, para explicarle los motivos por los que creemos que sí se debe meter. No de forma temporal, sino definitiva. Según el Ministerio de Agricultura, el consumo de pescado en hogares, se redujo un 16,1% solo de octubre de 2021 a octubre de 2022. Tenemos la esperanza de que el Gobierno rectifique respecto al IVA de los productos pesqueros. Esto no es una ayuda al sector sino a una alimentación saludable. -En el último paquete anticrisis, el Ejecutivo aprobó ayudas a los barcos para amortiguar las alzas del gasóleo, ¿piensan que llegarán a tiempo? ¿Qué otras medidas se pueden adoptar? -El gasóleo era ya un 30% de todos los gastos en una situación normal. Ahora supera el 50%. A todos nos hubiera gustado que la bonificación de 20 céntimos se hubiera mantenido porque beneficiaba tanto al armador como al trabajador. La ayuda actual tiene una desventaja sobre la bonificación: calculo que antes de junio o julio no llegarán, porque las solicitudes hay que hacerlas entre febrero y marzo, Además, solo en analizar la documentación, se tardará unos meses. En segundo lugar, habrá gente excluida, por ejemplo, quienes no estén al corriente de sus obligaciones fiscales o laborales con la Seguridad Social. En todo caso se agradece que haya ayudas. -En julio debe renovarse el acuerdo pesquero con Marruecos, ¿cree que será una negociación más sencilla? ¿Su interrupción supondría amarrar la flota? -El Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea -no España- y Marruecos va a depender de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo que pasa es que hay un recurso y estamos pendientes de la sentencia definitiva. Me temo que el resultado no lo vamos a conocer antes de que termine el periodo de vigencia, en julio de este año. Lo más probable es que haya una interrupción del acuerdo. Esto no supondría un amarre de la flota que faena en Marruecos, porque estos últimos dos o tres años no ha sido de las posibilidades de pesca más usadas. Es el caso de la flota del Golfo de Cádiz, de la de Barbate y los palangreros de fondo de Tarifa, Conil…por varios motivos: el gasóleo está por las nubes e ir a Marruecos está más lejos que pescar en el Golfo de Cádiz, y porque las poblaciones de peces no están bien. El acuerdo con Marruecos va más allá de lo puramente pesquero. «El gasóleo era ya un 30% de todos los gastos en una situación normal, ahora supera el 50%» Javier Garat secretario general de Cepesca y presidente de Europêche -Otro tema candente es la revisión del veto a la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico… -Nos dieron al final de la semana pasada la mala noticia de que el informe científico del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, en inglés) en enero se va a retrasar previsiblemente hasta abril, con lo cual se dilata el procedimiento tres meses más. ¿Qué dicen los científicos? Que van a intentar poner, de la forma más clara, que solo se refieren a los datos del arrastre y no se pueden tomar como referencia para otras artes de pesca. Por eso es muy importante que Bruselas rectifique y analice la situación. Mediterráneo y Bruselas -También Bruselas recortó, por tercer año, los días de pesca de la flota del Mediterráneo en un 7,5%… -¡La flota está al límite! Ya con las reducciones que hemos tenido en los días de pesca en los últimos tres años ya están entorno al 30%. Lo único que va a hacer es complicar la vida a muchas familias que temen por su futuro. Hay unas compensaciones del 3,5% de los días, si se implantan medidas adicionales de selectividad, pero no son gratuitas. Noticia Relacionada estandar No El sector pesquero lanza su mejor anzuelo para «reenamorar» al consumidor Carlos Manso Chicote Pesca España, creada por varias organizaciones de productores y apoyada por la patronal Cepesca, nace para impulsar un mejor conocimiento de la actividad pesquera y sus productos entre el público -Todo lo anterior forma parte de la difícil relación que tienen, sobre todo, con el comisario de Pesca Virginijus Sinkeviçius, ¿no hará que se mire con desconfianza lo que venga de la UE? – Lo he dicho varias veces. En la Comisión Europea se están convirtiendo en auténticas máquinas de crear euroescépticos. Politico ha filtrado el contenido del Plan de Acción que se anunciaba desde mayo. Nuestros peores presagios se ven ahí reflejados: quieren prohibir el arrastre en las áreas marinas protegidas. Las relaciones con la Comisión Europea, con este tipo de propuestas, solo pueden ir a peor. Tienen que tener en cuenta los perjuicios que están ocasionando o pueden generar en nuestras empresas y en la soberanía alimentaria.. «Los propietarios se blindan del tope del 2% al alquiler y los nuevos contratos se disparan al más del doble que la subida del IPC». El Gobierno decidió en noviembre prorrogar durante todo 2023 el tope del 2% a la subida de los contratos del alquiler ligados a la evolución del IPC. Una medida que formó parte del primer paquete antiinflación deslizado por el Ejecutivo a finales de marzo del año pasado, tras el estallido de la guerra en Ucrania, y que ha servido para que los inquilinos no pierdan poder adquisitivo a paso de gigante. Pero ante esta intervención, el mercado ha vuelto a imponerse y ya se cuentan por miles los arrendatarios que han pagado los platos rotos: los nuevos contratos se disparan de precio y lo hacen casi al triple de lo que lo hace el IPC (5,7% en diciembre). La alerta la lanza Sociedad de Tasación , que señala que la medida ha ocasionado que los propietarios incrementen el precio inicial que piden a sus potenciales inquilinos. Un efecto que ya se refleja a la vez en los precios de los contratos formalizados en los meses que lleva en vigor la medida. Según los datos de Alquiler Seguro , en diciembre el importe medio de los nuevos alquileres aumentó un 14%, mientras los arrendamientos en vigor, protegidos en su mayoría por el Gobierno, solo lo hicieron un 5%. «Lo que hacen los propietarios es defenderse. Los contratos los firman a mayor precio del que tenían previsto porque luego no pueden subirlos con el IPC», señala la directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva. «El problema es la incertidumbre que viven los caseros. No saben si habrá más prórrogas y por cuánto tiempo serán . Es lo que puede hacer tambalear el mercado del alquiler», añade la experta. Esta conclusión se apoya en datos. Tras varios meses de subidas de precios en los nuevos alquileres después del tope al 2%, estos tendieron a moderarse. En octubre y noviembre comenzaron una desaceleración, pero la inseguridad jurídica que creó el anuncio de la prórroga de la medida, los disparó por encima de los 800 euros de media. Un aumento que ha podido ser mayor en las principales ciudades españolas. En concreto, las capitales de provincia donde más creció el precio del alquiler en diciembre fueron Gerona (+23,61%), Zamora (+22,04%), Alicante (+22,03%), La Coruña (+16,49%), y Barcelona (+16,47%), según los datos del portal inmobiliario pisos.com. Llama la atención el ascenso del precio en las urbes catalanas. Durante aproximadamente año y medio (entre septiembre de 2020 y marzo de 2022), los alquileres permanecieron topados en más de medio centenar de municipios de la región por la ley autonómica de contención de rentas aprobada por el Parlament, hasta que el Tribunal Constitucional declaró nulo el límite a los arrendamientos en marzo del año pasado. Pero desde el destope, los precios no han cesado en su ascenso en las zonas de Cataluña que pidieron ser denominadas como tensionadas, y esto ocurre no solo por la eliminación de los límites, sino porque durante el tiempo que estuvo en vigor la ley, miles de caseros decidieron vender sus inmuebles o dedicarlos al mercado turístico, lo que estranguló el nivel de oferta. Según un estudio llevado a cabo entre de la Universidad Pompeu Fabra y la A sociación de Promotores de Cataluña (APCE), durante la vigencia de estos topes en Cataluña, los precios de los arrendamientos en la región apenas bajaron un 5%, mientras que la oferta disponible se redujo un 15% . «Se ha demostrado en Cataluña que la limitación de los precios no ha mejorado el mercado, sino que ha provocado que haya menos disponibilidad y ello unido a la prórroga de la limitación al 2% está provocando estas subidas de precios», explica a este periódico, la abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, Arantxa Goenaga. Para la experta, normas como la del tope establecido por el Ejecutivo, solo sirven para convulsionar el mercado porque «lo intervienen con medidas que solo favorecen los impagos y políticas que no incentivan la inversión en propiedad sino imposiciones a los propietarios». Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno impone de tapadillo un control parcial de los alquileres Guillermo Ginés Las subidas anuales se limitan al 2% y los contratos que venzan se amplían seis meses Y el daño lo acaban pagando los inquilinos. «Los precios dificultan el acceso al alquiler a los que más lo necesitan que por un lado son aquellos más jóvenes que quieren emanciparse y a aquellas familias que se encuentren en una situación más comprometida», apunta el director de estudios de pisos.com, Ferran Font. Hay más perjuicios para ellos. Porque con el tope del 2% no solo se han disparado los precios, sino que otros caseros han aprovechado el final de los contratos en vigor «para deshacerse de ciertos inquilinos o volver a poner la vivienda en el mercado para conseguir una mejora en el alquiler», señala Villanueva de Sociedad de Tasación. Unas prácticas de las que ya se percataron en Unidas Podemos y por las que arrancaron la congelación de los contratos a sus socios del PSOE en el último paquete de medidas antiinflación aprobado en los últimos días de 2022. Hasta el 30 de junio, los propietarios estarán obligados a prorrogar durante seis meses los contratos de alquiler que caduquen. Ley de vivienda Y todo esto ocurre cuando está a punto de concretarse una norma estatal con grandes pretensiones de intervención en los alquileres. Según, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, las subidas en los nuevos contratos también son fruto del miedo de los caseros a los efectos de la ley de vivienda que PSOE y Unidas Podemos ultiman en el Congreso . El proyecto de ley actual ya contempla una congelación en los contratos como la que se aplica actualmente para los pequeños propietarios. Solo que en este caso no sería durante seis meses, sino por un mínimo de tres años. El tiempo en el que un barrio o municipo puede ser declarado como zona tensionada por ayuntamientos y comunidades.. http://www.databot-app.com